Fuentes del PP han señalado que se trata «de un tema interno del grupo parlamentario y que en ese ámbito se tratará» con Cayetana Álvarez de Toledo
La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha desmarcado este jueves de la disciplina de voto de su partido y se ha sumado al voto de Vox en una iniciativa en el Congreso que pedía aplicar el artículo 155 en Cataluña para asegurar la enseñanza del español en las escuelas.
El pleno del Congreso ha rechazado este jueves por 276 votos en contra y 66 a favor la proposición no de ley de Vox que instaba al Gobierno a que, «siguiendo los términos de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, proceda a la intervención de la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los preceptos y principios constitucionales que, en cualesquiera materias, están siendo objeto de sistemáticas infracciones por parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña».
La mayoría del hemiciclo, PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, el Grupo Plural y buena parte del Grupo Mixto ha votado en contra de la propuesta que ha sido apoyada por Vox y por Foro Asturias, entre otras formaciones. La iniciativa solicitaba aplicar el 155 para reconducir la situación en Cataluña «en favor del interés general de la Nación y de todos sus ciudadanos».
Curiosamente, al voto de Cayetana Álvarez de Toledo también se ha sumado -aunque en esta ocasión por error- el del diputado de Podemos Rafa Mayoral, que ha votado a favor de esta propuesta relativa a la adopción de medidas para la defensa del derecho a la educación en español.
La diputada del PP se ha unido a la iniciativa de Vox previsiblemente de forma deliberada ya que la proposición no de ley se ha votado por puntos separados y mientras Mayoral solo ha apoyado el primero, Álvarez de Toledo ha votado a favor en todos ellos.
Fuentes del PP han señalado que se trata «de un tema interno del grupo parlamentario y que en ese ámbito se tratará».
La proposición no de ley de Vox, que ha sido rechazada, instaba al Gobierno a promover las modificaciones legislativas y normativas que sean necesarias para «asegurar la enseñanza del español y en español en los sistemas educativos de todas las regiones españolas, con el objeto de satisfacer el deber de todos los españoles de conocerlo, así como de amparar el derecho de todos a usarlo, dando efectivo cumplimiento al modelo lingüístico establecido en el artículo 3 y concordantes de la Constitución».
También pedía establecer un régimen sancionador para todos aquellos particulares, de forma individual o colectiva, o poderes públicos que, en el ejercicio de su actuación o en el ámbito de sus actuaciones, obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución y «revertir la instrumentalización que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas como elemento de división y confrontación entre territorios y entre ciudadanos españoles».
Fuente: EFE
