El principal campamento, ubicado en Brasilia, fue desmontado en la mañana de este lunes, donde fueron arrestadas unas 1.200 personas
Las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, después de que cientos de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro entrasen en las sedes de los tres poderes del Estado, en Brasilia.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Varios campamentos que reunían a bolsonaristas frente a cuarteles del Ejército han sido desmantelados este lunes, entre ellos los de las principales ciudades del país, tras los ataques registrados el domingo a las sedes de los tres poderes, en un intento de golpe de Estado.
El principal campamento, ubicado en Brasilia, fue desmontado desde primeras horas por las autoridades en una acción pacífica en la que fueron arrestadas unas 1.200 personas.
«Desactivamos el campamento que sirvió como cuartel general de los inaceptables actos antidemocráticos de ayer», dijo Ricardo Cappelli, secretario general del Ministerio de Justicia y quien está a cargo de la seguridad de Brasilia hasta fin de mes, por orden del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cappelli aseguró que «no se permitirá el regreso de los manifestantes» al área donde se encontraba, en un terreno militar anexo al Cuartel General del Ejército.
El campamento de Brasilia fue el primero en desmontarse este lunes luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, ordenara, la pasada madrugada, desactivar en un plazo de 24 horas todos los asentamientos de ese tipo.
Según reportes de las autoridades, en al menos otros nueve estados se han desactivado este tipo de asentamientos o se adelantan acciones para su desmonte.
En la mayoría de casos no se han registrado incidentes, salvo en Belén, capital del estado amazónico de Pará, donde cinco personas fueron arrestadas por poner resistencia.
La decisión del juez del Supremo se produjo luego de los ataques de bolsonaristas a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto, en un intento por derrocar a Lula.
En la sede del Tribunal Supremo, del Congreso y en el Palacio de Planalto, sede del Gobierno, causaron cuantiosos daños, destruyeron mobiliario, equipos informáticos y obras de arte colocadas en los despachos.
Miles de partidarios de Bolsonaro, que ya ha condenado los hechos, provocaron el caos en la capital brasileña al entrar y destrozar este domingo parcialmente el Supremo, el Parlamento y el Palacio de Planalto, sede del Gobierno. Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos portando palos.
Ante los graves altercados, Lula, quien se encontraba de viaje en el interior de Sao Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia. La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que las fuerzas de seguridad de Brasilia estarán bajo control directo del Gobierno federal.
El dirigente izquierdista también prometió en una declaración encontrar y castigar a los «vándalos fascistas» que «destrozaron todo lo que encontraron a su paso» en Brasilia e identificar a los posibles «financiadores» de esos actos antidemocráticos.
Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo. El Gobierno de Lula, a través de la Abogacía General del Estado, solicitó además al Supremo la prisión de Torres.
Llamada a «defender la democracia» de los tres poderes brasileños
Tanto Lula como los jefes de los poderes Legislativo y Judicial llamaron este lunes a mantener la «serenidad» y «defender la democracia» en paz en Brasil. «El país necesita normalidad, respeto y trabajo» para alcanzar «el progreso y la justicia social», señala una nota conjunta firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber.
Los máximos representantes de los tres poderes se reunieron este lunes para analizar la grave crisis vivida en la capital brasileña el domingo. En la nota, rechazaron los «actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas» ocurridos en Brasilia y subrayaron que están «unidos para que sean tomadas todas las providencias institucionales, en los términos» que marcan «las leyes brasileñas».
«Llamamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y de la democracia de nuestra patria», dice la nota, en la que además de Lula y Weber también estamparon su firma el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y el jefe del Senado en ejercicio, Veneziano Vital do Rêgo.
La situación está hoy bajo control, después de la detención de 300 manifestantes golpistas el domingo y otros 1.200 este mismo lunes que estaban refugiados en el campamento que tenían montado frente al Cuartel General del Ejército desde la celebración de las elecciones de octubre.
Fuente: EFE
