miércoles, diciembre 7, 2022
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Bloqueo del CGPJ: ¿cómo eligen otros países al órgano de gobierno de los jueces?

Repasamos algunos ejemplos de cómo otras naciones eligen al ente que gobierna el poder judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido recientemente mil días en funciones. La Constitución establece que el órgano de gobierno de los jueces debe renovarse cada cinco años, pero los partidos políticos, en particular PSOE y PP no se ponen de acuerdo sobre la forma de desbloquear el relevo.

Para entender la agria polémica que divide a socialistas y populares, conviene recordar la conflictiva historia del método de elección del CGPJ. La Constitución marca que este órgano debe estar formado por veinte vocales elegidos cada cinco años y señala que corresponde a las Cortes elegir, por mayoría de tres quintos, a ocho de esos veinte magistrados.

No obstante, la carta magna no especifica cómo deben ser elegidos los doce vocales restantes. Así fue como, en 1985 el PSOE acometió una suerte de opa hostil para aumentar el control de los poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el Judicial: reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce vocales restantes fueran también refrendados por una mayoría parlamentaria de tres quintos de entre la terna de candidatos que presentaran los jueces.

Desde entonces, en la práctica, son los políticos los que seleccionan a los veinte vocales del CGPJ y así ha permanecido desde entonces bajo gobiernos de todo signo.

La Comisión Europea ha urgido en numerosas ocasiones a España a renovar a los actuales miembros del Consejo, cuyo mandato caducó en 2018, y a corregir la anomalía en el proceso de elección. Pero cabe preguntarse: ¿qué tal parado sale nuestro país al compararse con los países de nuestro entorno en esta cuestión? A continuación repasamos algunos ejemplos de cómo otras naciones eligen al ente que gobierna el poder judicial.

Italia y Portugal

El llamado Consejo Superior de la Magistratura italiano está formado por dieciséis magistrados, elegidos por los propios jueces, y ocho profesores de Derecho o abogados con un mínimo de quince años de trayectoria, a quienes escoge el Parlamento. También son vocales del órgano el presidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo (en esto coincide con España) y el fiscal general de esta misma Corte.

Por tanto, dos tercios de los vocales son elegidos directamente por los jueces.

Francia

El órgano francés equivalente al CGPJ hace propuestas para el nombramiento de cuatrocientos jueces al presidente de la República, una terna que es vinculante.

El propio gobierno de los jueces (hay otra sala independiente para regir a los fiscales) está formado por diez miembros. De estos, uno es escogido por el Consejo de Estado y otros tres por los poderes Ejecutivo y Legislativo; eso sí, no pueden ser parlamentarios o jueces. Los otros seis vocales son un fiscal y cinco magistrados.

Inglaterra y Gales

Con una tradición jurídica distinta a la del resto del Viejo Continente, en las Islas Británicas no cuentan con un órgano equivalente al CGPJ español. Lo más parecido sería la Judicial Appointments Commision, encargada de proponer a los jueces para las cortes de Inglaterra y Gales.

Esta comisión está compuesta por quince miembros; doce de esas plazas están reservadas al concurso público, en el que se valora únicamente la trayectoria profesional de los candidatos. Además, los otros tres son escogidos por jueces de reputada experiencia, por lo que ningún vocal de esta comisión es elegido por los poderes Ejecutivo o Legislativo.

Polonia

El del país centroeuropeo es un caso muy similar al de España. Así como antes de la reforma del PSOE en 1985, los jueces elegían a la mayoría de vocales de su órgano de Gobierno en España (12 de 20), lo mismo ocurría en Polonia hasta 2016.

En concreto, los magistrados polacos escogían a 15 de los 25 miembros que regían el Poder Judicial, pero ahora la totalidad de ese órgano es seleccionado por el Legislativo.

Como en el caso de España, la Unión Europea también ha conminado a Polonia a reformar la elección de los miembros de su CGPJ para asegurar la separación de poderes.

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