La presidenta madrileña ha denunciado que el Gobierno irrumpa «en la economía de las personas que generan empleo», y apueste por medidas que «no ayudan a crear más empleo»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado este miércoles por impulsar medidas que ofrezcan «más flexibilidad» para los empresarios, como bajadas de impuestos para que tengan «más libertad» para poder contratar, frente a una eventual subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que supondría «más imposiciones».
«Con el dinero de los demás, de los empresarios, es fácil hacer propuestas», ha expresado Ayuso en declaraciones a los medios en la presentación a los empresarios madrileños de la estrategia regional para el fomento de la natalidad.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que ha convocado para el próximo 7 de febrero a sindicatos y patronal para abordar una eventual subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022.
Ayuso ha afirmado que el Gobierno «tiene por norma irrumpir en los consejos de administración y en la economía de las personas que generan empleo«, y apostar por medidas que «no ayudan a crear más empleo».
«Cuanto más rígido y cuantas más imposiciones a la empresa, menos se contrata«, ha señalado Ayuso, quien ha reclamado «más flexibilidad» para los empresarios tengan «más libertad» para que puedan crear empleo.
A su juicio, el Gobierno ha perdido una oportunidad «excepcional» en la reforma laboral para ofrecer «más flexibilidad» en un momento de «tanta rigidez», con medidas, por ejemplo, para favorecer la conciliación.
A finales de 2021 el Gobierno prorrogó el salario mínimo en 965 euros brutos en 14 pagas, y los sindicatos ya han señalado que, una vez que se cierre la reforma laboral, exigirán la subida de este salario a 1.000 euros en 2022, algo a lo que en principio se niega la patronal.
Tras comenzar también 2021 con el SMI prorrogado, el Gobierno aprobó el pasado septiembre una subida de 15 euros al mes hasta los 965 euros, tras acordarlo con los sindicatos y con el rechazo de la patronal.
Fuente: EFE
