Tendrá un coste estimado de 3.400 millones de euros que servirá para afrontar la recta final de la pandemia de la covid-19
El Gobierno ha aprobado, tras una intensa negociación con los agentes sociales, la cuarta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que servirá para afrontar la recta final de la pandemia de la covid-19 y tendrá un coste estimado de 3.400 millones de euros.
Tras apurar los plazos -las condiciones de esta herramienta de protección a trabajadores y empresas vencen el 31 de mayo- el nuevo esquema se ha llevado a un Consejo extraordinario de Ministros, en el que se ha puesto en valor «la altura de miras» de patronal y sindicatos «lejos de los ruidos».
Así lo ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha dejado claro que «el ritmo de vacunación avanza y nos permite ver el futuro inmediato con optimismo», una percepción a la que se ha ajustado un esquema de ERTE que incentiva la activación de trabajadores.
Esta prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre conlleva un gasto de unos 1.400 millones para el pago de las prestaciones de los trabajadores en ERTE y algo más de 2.000 millones para exonerar las cuotas a la Seguridad Social de estos empleados (800-900 millones) y para las ayudas a autónomos, según datos del Gobierno.
Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los ERTE son «el mayor amortiguador social en la historia de la Democracia» sin el que el paro se habría disparado hasta los 6 millones, en vez de disminuir hasta estar «cerca de tocar los niveles prepandemia», una frontera sí que han superado las afiliaciones a la Seguridad Social.
A esto se suma el hecho de que, de los 3,6 millones de trabajadores que llegaron a estar en un ERTE en lo peor de la pandemia, quedan en la actualidad 570.000, de los que 400.000 están en alguno de los expedientes con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.
«Estamos caminando a la situación prepandemia», ha dicho Díaz, una afirmación que comparte el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien ha defendido un esquema de exoneraciones a las cotizaciones sociales de las empresas que incentiva la vuelta a la actividad de los trabajadores en ERTE.
ASÍ QUEDAN LAS BONIFICACIONES A LAS EMPRESAS
El principal punto de fricción de esta prórroga ha estado en el esquema de exoneraciones en las cuotas que las empresas pagan a la Seguridad Social con un claro enfrentamiento entre la CEOE, partidaria de mantener el esquema actual con las mismas rebajas para todos los trabajadores, y el ministro de Inclusión que quería incentivar más la reincorporación.
Escrivá ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya intervenido ni directa ni indirectamente para facilitar el acuerdo y ha asegurado que el desbloqueo de la negociación lo concretaron a primera hora de la tarde de ayer él mismo en un encuentro bilateral con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Aunque finalmente ha habido una distinción en el caso de los ERTE de fuerza mayor, se han elevado los porcentajes de forma «extraordinariamente generosa», en palabras del propio Escrivá.
El nuevo esquema mantiene las tres figuras de ERTE.
En los de impedimento se mantienen con las mismas exoneraciones que el esquema actual (100 % si tienen menos de 50 trabajadores, y del 90 % si tienen más), en los de limitación se rebajan algo (entre el 85 % y el 65 % en función del mes y el tamaño de la empresa) y fuerza mayor, estos últimos para los sectores más perjudicados por la pandemia y las empresas que dependan de ellos.
Para estos sectores ultraprotegidos, las exoneraciones para los trabajadores que la empresa logre sacar del ERTE son mayores (95 % y 85 %, según el tamaño de la compañía) que las de aquellos que deban seguir con su empleo suspendido.
En este último caso, las empresas con menos de 50 trabajadores podrán exonerarse del 85 % en junio, julio y agosto, y del 70 % en septiembre, mientras que las que tengan más empleados, lo podrán hacer del 75 % en los tres primeros meses y del 60 %, el último.
También se mantienen el resto de condiciones como que los trabajadores acogidos a un ERTE que no consumirán derechos respecto a una futura prestación por desempleo, manteniendo el «contador a cero» hasta el 1 de enero de 2022, la salvaguarda del empleo, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos, el uso de horas extraordinarias y las externalizaciones.
Asimismo, el acuerdo contempla una prórroga de las prestaciones para los autónomos, con exoneraciones en las cuotas para aquellos que vuelvan a la actividad y tres tipos diferentes de ayudas para proteger a los que lo sigan necesitando.
