La situación crítica de la economía española viene siendo revelada por la generalidad de los datos: el crecimiento económico ralentizado, pues somos el país de nuestro entorno cuyo PIB actual está más lejos del anterior a la pandemia; la inflación desbocada, pues pese a la ligera disminución al 8,4%, la subyacente se ha situado en el 4,4%, la más alta desde 1995; la deuda pública en máximos históricos, casi un billón y medio de euros y el 18,6% del PIB; el déficit público a un nivel altísimo, 6,8%; la inversión privada deprimida, pues tras disminuir en un 10% en 2020, creció solo un 4% en 2021; el índice de confianza empresarial descendiendo por segundo trimestre consecutivo. La conjunción de todos estos indicadores configura un escenario macroeconómico más que alarmante, al que se añade la situación extremadamente crítica de las familias españolas, que siguen sin recuperar el nivel de renta per cápita pre-covid, pues la actual (25.460 €) es inferior a la que disponíamos en 2019 (26.420 €), e incluso a correspondiente a 2018 (25.750 €).
Frente al conjunto de lo expuesto, el Gobierno blandía los datos correspondientes al empleo como síntoma demostrativo de la fortaleza de la recuperación económica. Es cierto que, hasta ahora, la evolución del mercado laboral era positiva aunque no en la dimensión pretendida por nuestras autoridades. Entre otras cosas, porque los datos ofrecidos estaban -están- dopados por tres circunstancias: porque los trabajadores en ERTE no se consideran desempleados; porque tampoco se consideran parados a los autónomos en cese de actividad; y por el elevado número de empleos “creados” en el sector público. Lo cierto es que, a pesar del dopaje o maquillaje de las cifras, los datos venían siendo satisfactorios.
Sin embargo, y de repente, el castillo de naipes se ha derrumbado toda vez que según conocimos este jueves, los resultados de la EPA correspondiente al primer trimestre del año han desecho el último burladero en el que se refugiaba el Gobierno para presumir de su gestión económica. Según ha certificado el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y marzo se han destruido 100.000 empleos y, por primera vez en los últimos dieciocho meses, el número de parados ha vuelto a crecer, concretamente en 70.200 personas. Con ello, vuelve a aumentar la tasa de desempleo que se ha situado en el 13,65%. De ese modo y lamentablemente, se refuerza o consolida nuestra posición de liderazgo en la Unión Europea en lo que hace al porcentaje de parados.
Por una circunstancia casual, ha sucedido que la EPA se haya conocido el mismo día que en el Congreso de los Diputados se ha consumado la decisión del Gobierno de despreciar la oferta del principal partido de la oposición tendente a elaborar conjuntamente un plan económico de choque y, alternativamente, sacar adelante con los votos de Bildu el elaborado unilateralmente por el propio Gobierno. Las consecuencias negativas serán dos. De una parte, se ha perdido la oportunidad de unir a los grandes partidos del arco político en la lucha contra la crisis. De otra, y debido a la cesión realizada para “alquilar” sus votos, Bildu accederá a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, y conocerá lo que no debiera conocer. Pero así es el sanchismo. Cuando fija un objetivo, fuera éste el que fuese, le vale todo para conseguirlo, pues para el logro de sus fines está dispuesto a recurrir a cualquier medio para alcanzarlos. En términos éticos, actuar de ese modo no es admisible, pero ¿qué es y para qué sirve la ética? A lo que se ve, para nuestro presidente de Gobierno: nada y para nada.
