El expresidente madrileño presuntamente «ejerció su influencia» sobre el entonces consejero delegado de MINTRA, empresa encargada de la licitación
El juez del caso Lezo ha dictado la apertura de juicio oral para el expresidente madrileño Ignacio González por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, unos hechos por los que se enfrentará a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha adoptado esta decisión en un auto «al sustentarse la pretensión acusatoria en indicios racionales de criminalidad».
Ahora la Sala de lo Penal tendrá que poner fecha a este juicio, que se suma a otras dos piezas del caso Lezo pendientes de ser juzgadas: la referida a la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II en 2013, por lo que se enfrenta a una petición del fiscal de 8 años de cárcel; y la que atañe a la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II. De esta última, en la que ha sido procesado junto a su hermano Pablo, aún no hay escrito de acusación.
Por la adjudicación del tren de Navalcarnero, el sucesor de Esperanza Aguirre se sentará en el banquillo junto al ex consejero de OHL Javier López Madrid, yerno del ex presidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, al que el juez investigó también y finalmente eximió de responsabilidad en estos hechos.
Una comisión de 1,8 millones
El auto relata las «ilicitudes» que rodearon al proceso de adjudicación a OHL de las obras del mencionado tren que unía las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.
La adjudicación, según recoge el juez, «obedeció a un plan ideado» por López Madrid y Martín de Nicolás que incluía destinar 2,5 millones de dólares (unos 1,8 millones de euros) «al abono de una ilícita comisión».
Entre los beneficiarios estarían Ildefonso de Miguel e Ignacio González, expresidente de la empresa pública y vicepresidente madrileño entre 2003 y 2012, respetivamente, con el objetivo de que este último «ejerciera su influencia» sobre Jesús Trabada, entonces consejero delegado de MINTRA, empresa encargada de la licitación.
Damián Ramos, «siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico», Martín de Nicolás, ordenó transferir 2,5 millones de dólares de las cuentas de OHL en España a otras abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo.
En noviembre de 2007 presuntamente ordenó de nuevo transferirlos desde México a la cuenta suiza de una sociedad panameña propiedad de De la Joya, quien «hizo llegar» a Ildefonso de Miguel «fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros».
